Cuando ya lo daba todo por perdido, seguro que no soy el único, han ocurrido un par de cosas que me han alegrado mucho. Lo primero fue la suspensión cautelar de los sebadales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo que obligaba a parar las obras del puerto. Pero hoy esta noticia mejora aún más ya que el TSJC mantiene dicha suspensión, aceptando de esta forma la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción. Y no solo eso, sino que además el alto tribunal ha considerado que no es razonable la petición, por parte de los abogados de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, de imponer al grupo ecologista una caución de 31 millones de euros por los daños que la suspensión pueda ocasionar a las obras del puerto.
Pero la cosa no queda ahí. Científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), piden a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que desestimen el puerto de Grandilla, ya que ven improcedente la desprotección del sebadal, dado que es uno de los de mayor diversidad genética de Canarias.
Los investigadores recuerdan que se dedican a la conservación del medio marino, asunto en el que colaboran de forma asidua con el Ministerio, y lamentan «profundamente» que se siga fomentando «una política de desarrollo ajena a la sostenibilidad, a la que el Estado español debería estar obligado por los compromisos adquiridos en los diferentes convenios y directivas».
A ambos investigadores les «sorprende» que en vez de proceder «a una protección estricta» de la pradera marina de Granadilla se pretenda construir «en esta zona de enorme valor ambiental» un gran puerto industrial, y más aún que se descatalogue su sebadal.
La descatalogación de una parte de esta pradera «que estorba directamente al proyecto» resulta «totalmente arbitraria, ajena a todo criterio científico y constituye un precedente que deslegitima los catálogos de especies amenazadas».
Se suman aún más voces al rechazo de este macro puerto y a las prácticas lamentables que se están llevando a cabo con tal de poner en marcha el proyecto, como es el caso del eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein, que denunció la existencia de maniobras de presión y el uso de informaciones falsas para convencer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que no paralice las obras del puerto de Granadilla.
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